CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
AC7706-2016
Radicación n.°11001-31-03-001-2013-00713-01
(Aprobado en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., once (11) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad del libelo presentado por el demandante para sustentar el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 14 de julio de 2015, en el proceso ordinario de la referencia.
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
Plutarco Alarcón Passos demandó a Daniel Felipe Ovalle Morales y a Carlos Manuel Ovalle Morales para que se declare que adquirió, por prescripción extraordinaria, el dominio del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-290912 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá.
Pidió, en consecuencia, la inscripción de la sentencia en el folio de matrícula respectivo. (Folio 46, cuaderno 1)
B. Los hechos
1. Alirio Pinillo Romero poseía el inmueble ubicado en la calle 6 b No. 7-59, antes calle 5 No. 7-59, de Bogotá. (Folio 43, cuaderno 1)
2. Su posesión fue la continuación de la que venía ejerciendo Gilberto Pulgarín Cardona, quien «se la traspasó o cedió» mediante documento de 4 de enero de 2000. (Folio 44, cuaderno 1)
3. El citado Pinillo Romero construyó en tal lugar dos habitaciones pequeñas y un baño, y, el restante del espacio, lo destinó a un parqueadero público. (Folio 44, cuaderno 1)
4. El 2 de septiembre de 2012, mediante contrato de permuta, entregó la posesión que ostentaba a Plutarco Alarcón Passos y a Antonio Velásquez Cortés.
5. A partir de tal fecha, los nuevos poseedores destinaron el predio al arrendamiento de parqueaderos y a la vivienda de quien lo cuida. Así mismo, pagaron los servicios públicos respectivos. (Folio 44, cuaderno 1)
6. El demandante, desde abril de 2013, «es quien únicamente ejerce la posesión con ánimo de señor y dueño…». (Folio 44, cuaderno 1)
C. El trámite de las instancias
1. Admitida la demanda, se dispuso su traslado a los interesados. (Folio 53, cuaderno 1)
2. Los demandados determinados, así como los terceros interesados, fueron emplazados, y, luego de lo anterior, se les designó curador ad litem, que pidió que se declarara de oficio «aquella excepción que surja en el curso del proceso y que busque la protección de los derechos de mis representados». (Folio 87, cuaderno 1)
3. El juez de primera instancia, en sentencia de 30 de septiembre de 2014, negó las pretensiones. (Folio 180, cuaderno 1)
Sostuvo que no se demostró la suma de posesiones por más de 10 años, que se alegó en la demanda. Lo anterior porque su antecesor, Alirio Pinillo Romero, no era poseedor del inmueble, según lo concluyó el Juzgado Quince Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, en un proceso de pertenencia que se allegó como prueba trasladada. (Folio 179, cuaderno 1)
4. El demandante apeló. Adujo que la sentencia emitida en el otro juicio no constituía prueba, y, en todo caso, lo que allí dijo el fallador fue que Alirio Pinillo Romero era poseedor desde el año 1999 o 2000, según los testigos, o «mínimo desde el año 2002». También se demostró que esa parte le permutó la posesión al actor. (Folio 10, cuaderno 2)
5. El Tribunal Superior de Bogotá, el 14 de julio de 2015, confirmó el fallo apelado.
Consideró que no existía prueba suficiente de la posesión del antecesor del demandante. Luego de rememorar las declaraciones trasladadas de Arley Mantilla, Luis Alberto Gómez Robledo, Otilia Martínez de Silva y Luis Evelio Martínez Parra, refirió que de las mismas no podía colegir «que el señor Alirio Pinillo Romero detentó la posesión del predio objeto de usucapión con antelación al aquí demandante», pues de su dicho «no emerge que ostentó dicha calidad». Además, aunque afirmaron que aquél, a su vez, obtuvo la posesión de Gilberto Pulgarín Cardona, tampoco existía prueba de tal hecho.
Agregó, que las copias del contrato de permuta y de arrendamiento se aportaron en copia simple, causa que «impide su recta apreciación»; y quedó en entredicho el animus del demandante, pues en el interrogatorio afirmó que no ha pagado impuestos del predio.
6. El actor formuló el recurso de casación.
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
El recurrente propuso dos cargos.
CARGO PRIMERO
Alegó la violación indirecta de los artículos 778 y 2521 del Código Civil, por errores de hecho en la apreciación de las pruebas.
Sostuvo que con el contrato de permuta que aportó demostró la transferencia que Alirio Pinillo Romero le hizo de la posesión, sin que se requiera una prueba solemne, y el hecho de que hubiese sido aportado en copia simple no le restaba valor probatorio, «porque solo con él se está probando la relación jurídica del demandante frente a su antecesor».
Los testigos Arley Mantilla Alfonso y Luis Alberto Gómez Robledo declararon sobre la posesión del citado antecesor «para lo que importa al proceso, entre el 27 de diciembre de 2002 y el 30 agosto 2012», ello, según los apartes que transcribió.
Que el Tribunal le restó credibilidad a los anteriores deponentes «al sopesarlos» con lo declarado por Otilia Martínez de Silva y Luis Evelio Martínez Parra, quienes manifestaron que «limpiaron y cumplieron labores en el predio objeto de la usucapión máximo hasta el año 2002 o 2003», pero tales narraciones no le pueden restar mérito a los otros testigos porque –reitera- «interesa es la posesión de Alirio Pinillo Romero a partir del 27 de diciembre de 2002», y aquellos «sólo dan noticia de actos posesorios sobre él de persona diferente al anterior hasta el año 2002». Además, nada importaba si la posesión de Alirio Pinillo Romero «la obtuvo o no del señor Gilberto Pulgarín Cardona».
Debe presumirse que el demandante y su antecesor ejercieron su posesión «honestamente», pues no se probó nada en contrario. Y el dictamen pericial corrobora lo declarado, ya que establece que la antigüedad de la construcción levantada es de 20 años, y nadie dijo que aquel edificó sino que reconstruyó.
Agregó que la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble, en la que consta que el 5 de julio de 2011 los demandados compraron el 90.5% del mismo, y la intención de uno de ellos de «recuperarlo… a la brava, clandestinamente invadiéndolo a bordo de un vehículo…» hasta que fue desalojado, tan solo demuestra que nunca han tenido su posesión.
Por lo anterior –finalizó-, sí se acreditaron los requisitos de la pretensión invocada.
CARGO SEGUNDO
Acusó a la sentencia de «no estar en concordancia con las excepciones propuestas por la parte demandada, ya que concretamente no propusieron ninguna excepción de fondo…».
El ad quem –explicó- actuó oficiosamente porque concluyó que la pretensión de pertenencia no prosperaba pese a que la parte demandada no propuso excepciones, y precisó que «no puede existir pronunciamiento alguno por parte del juez cuando no se ofrecen los hechos, razones o fundamento, para que se estructure la excepción que se propone». Agregó que el Tribunal carecía de «los medios de convicción necesarios para articular una respuesta a la excepción innominada». (Folio 19, cuaderno Corte)
III. CONSIDERACIONES
1. Característica esencial de este medio de defensa es su condición extraordinaria, por la cual no todo desacuerdo con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se erija sobre las causales taxativamente previstas.
Se ha dicho, además, que es ineludible la obligación de sustentar la inconformidad «mediante la introducción adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuración». (CSJ AC, 1° Nov 2013, Rad. 2009-00700)
2. La admisibilidad de la demanda depende del cumplimiento de los requisitos del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, según los cuales, a la par que es necesaria la mención de las partes y de la sentencia cuestionada, debe elaborarse una síntesis del proceso y de los hechos, y formular, por separado, los cargos en contra de la decisión recurrida, exponiéndose los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa, y no basados en generalidades.
2.1. Cuando se invoca la causal primera, se deben señalar las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, exigencia que, desde luego, debe armonizarse con lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, en el sentido de que en tales eventos «será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa».
Sin embargo, no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió.
En tal sentido, si la acusación se encamina por la vía indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deberá indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de los elementos materiales, es decir, si la equivocación fue de hecho o de derecho, y la incidencia del supuesto desatino en la decisión cuestionada.
Al denunciar el yerro fáctico, al impugnante le corresponde identificar los medios de convicción sobre los cuales recae el equívoco del juzgador y demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, lo que deberá señalar de manera manifiesta, de tal suerte que la valoración realizada por el sentenciador se muestre absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación.
Ha repetido la Sala que, por mandato del artículo 374 del estatuto procesal, la carga de demostrar el error de hecho recae exclusivamente en el censor; no obstante, «esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley». (CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01)
2.2. En torno al segundo cargo propuesto, se ha dicho que la incongruencia es un quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento que se patentiza cuando la sentencia decide sobre puntos ajenos a la controversia, o deja de resolver los temas que fueron objeto de la litis, o realiza una condena más allá de lo pretendido, o no se pronuncia sobre alguna de las excepciones de mérito, cuando es del caso hacerlo.
Tal vicio comporta una inejecución de los preceptos procesales que establecen los límites dentro de los cuales debe desenvolverse la actividad del juzgador. Por ello, la doctrina procesalista ha sostenido que ese error se traduce en un verdadero «exceso de poder» al momento de proferir el fallo, pues el juez está «desprovisto del poder de pronunciar más allá de los límites dentro de los cuales está contenido el tema de la controversia». (CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945. Pág. 266)
El proceso civil contiene una relación jurídico–procesal en virtud de la cual la actividad de las partes y el campo de decisión del juez quedan vinculados a los términos de la demanda y su contestación. En efecto, tiene dicho la Corte que:
Los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado, trazan en principio los límites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en él, todo en armonía con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil; de ese modo se podrá establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas. (SC de 6 de julio de 2005. Exp.: 5214-01)
Y en igual sentido, ha sostenido:
El precepto citado fija los límites dentro de los cuales debe el juzgador desarrollar su actividad decisoria, en forma tal que si los desborda, bien porque concede más de lo pedido por los litigantes, o provee sobre pretensiones no deducidas por ellos, u omite la decisión que corresponda sobre alguna de las pretensiones o excepciones en los términos fijados por la norma, incurre en un error de procedimiento, originado en la violación de la regla mencionada, que le impone el deber de asumir un específico comportamiento al momento de fallar, yerro para cuya enmienda está instituida la causal segunda de casación, mediante la cual puede lograrse la simetría que debe existir entre lo decidido en la sentencia y lo solicitado por los contendientes. (Sentencia de Casación Nº 042 de 26 de marzo de 2001. Exp.: 5562)
La facultad jurisdiccional del sentenciador al momento de emitir su decisión se encuentra demarcada, entre otras normas, por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:
… la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley… No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta…
En ese orden, cuando el juez infringe el primer inciso del artículo 305 incurre en el vicio de inconsonancia por emitir una sentencia que decide sobre puntos ajenos a la controversia o deja de resolver los temas que fueron objeto de la litis. Incurre en incongruencia, además, cuando desconoce el mandato contenido en el segundo inciso de la citada disposición, esto es, cuando condena al demandado por cantidad superior o por objeto o causa distinta de la invocada en la demanda (ultra petita o extra petita).
La aludida causal, en línea de principio, no puede invocarse sobre la base de haberse decidido de manera adversa a los intereses del actor o cuando el resultado del proceso no satisface al impugnante si la decisión –libre de excesos o abstenciones respecto de las pretensiones– recae sobre lo que ha sido materia del pleito. En tales situaciones, naturalmente, mal podría entenderse que se dejó de resolver sobre un extremo de la controversia o que se interpretó equivocadamente la demanda o se condenó más allá de lo que se pretendió.
3. La demanda de casación no reúne los requisitos establecidos por la ley, y por tal razón se inadmitirá. En efecto:
3.1. En el cargo segundo, el recurrente alegó que la sentencia del Tribunal no estuvo «en concordancia con las excepciones propuestas…», pues los demandados «no propusieron ninguna excepción de fondo», y, por ende, el fallador «actuó oficiosamente»; además, carecía de «los medios de convicción necesarios para articular una respuesta a la excepción innominada». (Folio 18, cuaderno Corte)
En primer lugar, se advierte que la formulación del cargo fue confusa, pues el demandante sostuvo que el fallo no guardó relación con las defensas propuestas, a la par, adujo que ninguna excepción se propuso, y finalizó afirmando que el juzgador carecía de las evidencias para adoptar la decisión que se impugna. Tal redacción, se advierte con facilidad, desatendió las exigencias de precisión y claridad que establece el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil.
Tal extremo tampoco realizó, siquiera, un cotejo entre los hechos y las pretensiones que se plantearon en la demanda, lo alegado en defensa de los demandados, y lo consignado en la parte resolutiva, aun cuando, como lo ha referido la Sala:
… para establecer la presencia de esta irregularidad se hace necesario el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento fáctico de las súplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisión del juzgador, por la otra, (…).’» (CSJ SC, 16 Dic 2005, Rad. 1100131030271993-0232-01, reiterado en CSJ AC, 19 Dic 2013, Rad. 76001 31 03 013 2009 00532).
Dicho extremo, por el contrario, sostuvo de manera ambigua que se declaró probado «un hecho no solicitado como excepción de fondo o de mérito por la parte demandada…», aun cuando, en la parte resolutiva del fallo recurrido, lo que decidió el Tribunal fue confirmar la determinación de primer grado, que negó las pretensiones de la demanda.
De otra parte, el casacionista pese a acusar la sentencia de incongruente, se quejó de la apreciación de las pruebas que hizo el sentenciador porque, en su opinión, carecía de los elementos de convicción necesarios para «articular una respuesta a la excepción innominada». Este último embate, sin embargo, es ajeno a la causal de casación invocada, pues es propio de la vía indirecta consagrada en el numeral 1º del artículo 368 ejusdem, ya contiene una crítica a la apreciación de las evidencias.
Además, se cuestionó el criterio jurídico del ad quem, pese a que: «...nunca la disonancia podrá hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuestión sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas...». (G.J. T., XLIX, pág. 307).
Como lo ha sostenido la Corte, en la formulación de la demanda no es viable configurar en la misma censura dos o más motivos de casación. Se ha puntualizado que es contrario a ella, la «mezcla de dos o más causales dentro de un mismo cargo, bien sea porque ellas se aduzcan en forma expresa, bien porque, invocándose una causal determinada, se desarrolle mediante la censura de yerros correspondientes a otras causales’ (cas. civ., sentencia de 23 de marzo de 2000, Exp. 5259)”1.
En todo caso, y aún si el cargo estuviese fundado en un error in iudicando, y no in procedendo, como el formulado, la demanda tampoco cumpliría los requisitos formales para su admisión, pues el recurrente no invocó las normas de derecho sustancial infringidas por el Tribunal, ni su exposición fue clara y precisa al respecto, como lo exige el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil.
Tales razones impiden su admisión.
3.2. En el cargo primero, se alegó la violación indirecta de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas.
El recurrente manifestó, como fundamento de su acusación, que demostró el sustento de sus pretensiones, porque los testimonios de Arley Mantilla Alfonso y Luis Alberto Gómez Robledo, trasladados de un proceso de pertenencia que promovió Alirio Pinillo Romero –antecesor del demandante-, acreditaron la posesión de la citada persona, por lo menos, desde el 27 de diciembre de 2002.
Que su credibilidad no se veía afectada por lo dicho por Otilia Martínez de Silva y Luis Evelio Martínez Parra que afirmaron –también en el juicio mencionado-, contrario a los primeros deponentes, que ocuparon el predio hasta «el año 2002 o 2003» y que no conocían a Gilberto Pulgarín Cardona, de quien se adujo en el libelo respectivo que era el anterior poseedor, puesto que lo que interesaba al asunto «es la posesión de Alirio Pinillo Romero a partir del 27 de diciembre de 2002».
Además, que se probó que el demandante adquirió la posesión mediante un contrato de permuta, documento que aportó en copia simple, que fue de buena fe, y que todo ello se corrobora con el peritaje, igualmente trasladado de la otra pertenencia.
La Sala ha sostenido que cuando se alega el error de hecho es necesario que:
La anterior labor, sin embargo, no fue la acometida por el recurrente, quien, por el contrario, procedió a rehacer el examen de las pruebas que refirió y a expresar su particular opinión sobre las mismas. Así, según su exposición, el Tribunal se equivocó cuando negó las pretensiones, porque con dos de los testimonios se demostraba la posesión del antecesor del demandante; y aunque los restantes testigos entraron en contradicción con los primeros, en relación con la posesión antecedente, tal hecho era irrelevante, además de que el actor acreditó, mediante el documento que aportó en copia simple, que adquirió la posesión mediante permuta.
No obstante tal disquisición, el censor pasó por alto la necesaria explicación del yerro cometido por el Tribunal con trascendencia tal para variar la parte resolutiva. Nunca denunció de manera clara y precisa sobre cuál aparte concreto de las probanzas –que transcribió parcialmente- recayó el yerro de facto. No hizo más que exponer su desacuerdo, y explicar su particular interpretación de las evidencias, pero no puso de presente la concreta distorsión protuberante en la valoración, ni su trascendencia.
Es decir, opuso a las conclusiones del Tribunal las suyas propias, proceder que no guarda relación con el recurso extraordinario, pues, como ya se ha dicho:
…si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una acusación es entonces asunto mucho más elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de razón, sino que impone, para el caso de violación de la ley por vía indirecta, concretar los errores que se habrían cometido al valorar unas específicas pruebas. (CSJ. AC. Ago. 29 de 2000)
Tal formulación, por ende, no se ajustó a los requisitos exigidos para la presentación de la demanda de casación, en donde es deber inexcusable de quien la promueve, cuando se alega la violación de la ley sustancial como consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas, que exponga no como un alegato de instancia, sino mediante una confrontación específica, lo que la prueba dice y lo que el juzgador dejó de ver en ella, o lo que tergiversó o distorsionó de la específica evidencia.
La sustentación se formuló como si se tratase de un alegato de instancia, de suyo ajeno a esta sede extraordinaria, como quiera que el impugnante apenas expuso cuál debía ser –en su sentir- el mérito de los elementos demostrativos a los que hizo referencia, sin poner de presente la evidencia de la equivocación, ni su trascendencia.
Luego, si en la impugnación se presenta un ejercicio de simple ponderación probatoria diferente, la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender la valoración del juzgador, en virtud de la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida su sentencia, lo que impone que sus conclusiones en torno del examen de los elementos fácticos son, en principio, intocables, salvo la demostración plena del inocultable yerro apreciativo.
Por ende, también se inadmitirá el cargo.
4. Además de los referidos reparos, la demanda de casación no cumplió con los presupuestos que consagra la ley procesal para su selección de oficio, pues la sentencia no vulneró los derechos y garantías constitucionales de las partes, ni les irrogó agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jurídico ni compromete el orden o el patrimonio público; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto del tema del litigio.
5. Por las razones expuestas, se inadmitirá el libelo, y se declarará desierto el recurso.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria que se interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 14 de julio de 2015, dentro del asunto referenciado.
SEGUNDO: DECLARAR desierto el recurso de casación, de conformidad con el inciso 4º del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.
Notifíquese.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
(Ausencia justificada)
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Auto de 22 de junio de 2010, Exp. 2006-00339